Uno de los grandes problemas económicos de nuestro país es la debilidad de la recaudación fiscal en proporción a la renta o PIB real. No es que el fraude fiscal no exista en otros países, o que sea fácil de sacar a la luz, pero sí es verdad que hay algunos sectores de actividad económica especialmente renuentes a la transparencia, pero que no costaría demasiado esfuerzo el hacerles contribuir de manera justa. Uno de estos sectores es el de las viviendas, o inmuebles en general. Hace algunos años existía en el IRPF el concepto de "renta imputada" por la posesión de inmuebles, y por no sé qué motivos se decidió eliminar, aunque tampoco es que fuese una cantidad extraordinaria la que había que pagar por aquel concepto. La idea es que (p.ej.) la posesión de un piso es una forma de inversión que, como todas, puede generar una renta, bien alquilándolo a otras personas, o bien usándolo (y de ese modo ahorrándose lo que te costaría el alquiler de un piso semejante). Actualmente, se considera sólo como renta aquella cantidad que efectivamente se ha obtenido mediante el alquiler o cesión del inmueble, pero, como es bien sabido, el problema es que muchas de esas transacciones operan en "negro", a pesar de que tiene un tratamiento fiscal bastante ventajoso en comparación con otras formas de renta (aunque tal vez no tanto como los rendimientos financieros). Hay formas de averiguar si un piso está alquilado o no (p.ej., cotejando los datos del censo, gastos de agua o luz, etc.), pero son costosas para la administración.
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Mi sugerencia es transformar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un medio de fiscalizar estas actividades, de modo que la base imponible del impuesto sea una imaginaria "renta imputada": la estimación del valor de mercado actual de un alquiler de un inmueble con sus características más elementales (superficie, situación y uso normal -vivienda, local comercial, etc.-). La tarifa del impuesto podría ser aproximadamente de un 10 % de la base imponible, que es más o menos lo que resulta actualmente en la declaración del IRPF (y por supuesto, las rentas efectivamente recibidas por razón del inmueble se eliminarían de la base imponible del IRPF). El IBI lo seguirían recaudando los ayuntamientos, y el Estado ajustaría la financiación municipal en función de ese incremento de recaudación.
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La principal ventaja de este nuevo IBI sería, obviamente, que haría desaparecer prácticamente el fraude fiscal por los arrendamientos inmobiliarios (o, en los caso en que no, haría mucho más fácil su fiscalización). Además, constituiría un incentivo para que los propietarios de viviendas o locales vacíos los pusieran en alquiler (pues iban a tener que pagar el impuesto tanto si tienen el inmueble alquilado como si no), lo cual tendería a abaratar los precios de los alquileres, y con ello, además, harían bajar la base imponible en los años sucesivos.
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El principal problema, naturalmente, es que los principales propietarios de inmuebles vacíos en estos momentos son los bancos, y no les iba a hacer mucha gracia tener que añadir este impuesto a sus costes. Pero sería una manera de forzarles a "desatascar" el mercado inmobiliario de una vez, sin tanta rigidez como parece que se lo están tomando.
Enrólate en el Otto Neurath
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